MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología, Óscar Zurriaga, y la vicepresidenta, João Forjaz, se han reunido este martes con el director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, para abordar los próximos desafíos en salud pública y el desarrollo de la Agencia Estatal de Salud Pública.
Asimismo, también han tratado la tramitación de la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública, los cribados poblacionales o la vigilancia de los determinantes sociales han sido algunos de los temas tratados en el encuentro, aunque no los únicos.
La Sociedad Española de Epidemiología ha expresado su deseo de que la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública salga adelante y ha reiterado la necesidad de estructurar la respuesta y anticipación de la salud pública en España.
No obstante, ha recordado que el anteproyecto aprobado a finales de febrero es ambiguo y ha reclamado al director general de Salud Pública y Equidad en Salud que concrete más detalles sobre el texto. Además, han solicitado al Ministerio que facilite más información sobre los plazos de su tramitación.
Con respecto a la Red Nacional de Vigilancia en Salud Pública, la SEE ha pedido conocer el estado de tramitación de estos reales decretos, de los que ha lamentado no tener noticias oficiales. La convocatoria electoral de 2023 paralizó su desarrollo, pero la sociedad científica considera que deben ser una prioridad.
De hecho, la SEE participó en el proceso de consulta pública y este martes ha vuelto a ofrecerse para trabajar en la adaptación de aquellos aspectos de los mismos que considera fundamentales "para que su entrada en vigor se produzca, no solo lo antes posible, sino también en las mejores condiciones para la epidemiología y la salud pública en España".
Relacionado con lo anterior, también se han analizado los pasos dados a raíz de la Declaración de Zaragoza sobre Vigilancia en Salud Pública, suscrita en marzo de 2022 por la ministra de Sanidad y los consejeros de Sanidad de todas las comunidades y ciudades autónomas. En ella se acordó implementar una política coordinada de recursos humanos en salud pública, garantizar la generación y retención del talento y el relevo generacional, y dimensionar las plantillas en función de las necesidades, entre otras medidas.
Para ello estaba previsto constituir un grupo de trabajo que elaborara una propuesta antes de acabar el año 2022, sin embargo, la SEE no ha recibido noticias oficiales al respecto. Por este motivo ha aprovechado el encuentro con Gullón para interesarse sobre la postura del actual equipo del Ministerio de Sanidad en torno a los avances que se hayan realizado en relación a estos trabajos.
Asimismo, la SEE ha trasladado al director general de Salud Pública y Equidad en Salud la importancia de que los cribados poblacionales (de cáncer y neonatales) se lleven a cabo bajo criterios de equidad para superar las desigualdades en el acceso y distribución en España.
Además, han instado a que se evalúe la realización de programas piloto en cáncer de pulmón y próstata, la capacidad de llevarlos a cabo con criterios de calidad y equidad, y su impacto en cuanto a la disminución de incidencia y mortalidad. En el caso de cáncer de pulmón, y teniendo en cuenta el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, han recordado que se deben desarrollar estrategias coordinadas que integren la prevención primaria y secundaria.
Por otra parte, la SEE ha ofrecido al Ministerio de Sanidad su colaboración para abordar las desigualdades en cuanto a la atención integral del cáncer y las desigualdades en las pruebas de cribado neonatal y prenatal en el Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a los determinantes sociales de salud, este momento en el que se ha lanzado ya el proyecto de creación de un sistema de vigilancia de los determinantes sociales de salud, la SEE cree que sería muy apropiado tener en cuenta los trabajos ya desarrollados por su grupo de trabajo, y así lo ha trasladado a Pedro Gullón.
Durante el encuentro, la SEE también ha vuelto a solicitar al Ministerio de Sanidad la creación de una ponencia sobre mortalidad que permita coordinar la información sobre defunciones en las distintas instituciones sanitarias autonómicas, una petición que ya realizó en 2021.