Pretende modificar el artículo 43 de la Carta Magna sin convocar elecciones y busca "consenso amplio" de todos los grupos parlamentarios
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Sumar ha presentado este jueves en el Congreso una Proposición de Reforma de la Constitución para que la Carta Magna incorpore, en el artículo 43, referido a la protección de la salud, un nuevo apartado 4 en que se reconozca "el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal" y que especifique que "los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física".
La fórmula para llevar a cabo esta modificación, según han explicado, sería la misma que la usada para la reforma del artículo 49 que eliminó el término disminuido y lo sustituyó por 'persona con discapacidad'. Es decir, una proposición de reforma constitucional que requiere un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible la presencia de PSOE y PP. De ver la luz, sería la cuarta modificación de la Carta Magna y la segunda de carácter social.
"Nuestra propuesta es incorporar un nuevo apartado 4 en el artículo 43, por lo tanto fuera del capítulo correspondiente a derechos fundamentales, del texto constitucional", ha explicado en la Cámara Baja la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, para asegurar que no serían necesarias elecciones para que este cambio salga adelante.
Precisamente, hace un año la formación manifestó también en rueda de prensa en el Congreso la voluntad de empezar a trabajar para construir un texto de reforma constitucional que incorporara el derecho al aborto en la Carta Magna. "Lo que hemos estado haciendo es precisamente recabando todas las opiniones de juristas, de la sociedad civil, para componer esta propuesta. Ahora tenemos una propuesta por escrito, y esto lo que queremos es ponerla en manos de todos los grupos políticos", ha señalado Martínez Barbero.
Sumar busca con esta propuesta un "consenso amplio" de todos los grupos parlamentarios para conseguir su aprobación. "Es un punto de partida abierto a la discusión tanto del conjunto de formaciones políticas que está en esta Cámara como, por supuesto, de las organizaciones feministas, las organizaciones sindicales, las asociaciones de profesionales sanitarios, las organizaciones de derechos humanos y tantas otras", ha subrayado.
En este sentido, la portavoz de Comuns en el Congreso, Aina Vidal, ha indicado que a día de hoy en España son las mujeres de clase trabajadora, las migrantes y las personas trans quienes encuentran "mayores dificultades" para ejercer un derecho "que tendría que ser mucho más reconocido". Además, ha precisado que se han inspirado en Francia para la presentación de esta propuesta.
Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha dicho que la modificación del artículo 43 tiene "varios objetivos claros". En primer lugar, "establecer que el derecho del aborto debe ejercerse de forma libre, plena e informada para todas las personas que lo quieran realizar".
En esta misma línea, Micó ha explicado que "el Estado debe garantizar que ninguna ideología, creencia religiosa o presión social limita la capacidad de decisión de las mujeres". Además, ha defendido que el aborto "es un derecho que debe ejercerse de manera informada". Así, ha criticado las "presiones emocionales y religiosas" a las que se somete a las mujeres, "muchas veces con información falsa y dañina", para impedir que aborten.
Por otro lado, la vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha defendido que hablar del derecho a la información implica también educación sexual y reproductiva. También ha añadido que debe existir una "cobertura sanitaria total" dentro del sistema público. "En muchas provincias y comunidades autónomas, las mujeres no pueden acceder a este servicio. O son derivadas a clínicas privadas o tienen que recorrer muchísimos kilómetros", ha lamentado.
Gil de Reboleño ha recalcado que la inclusión del derecho al aborto en la Constitución supone la prohibición constitucional de someter a las mujeres "a requisitos innecesarios, a periodos de reflexión obligatorios o a valoraciones externas" que cuestionen su capacidad de decidir. "También significa que las interrupciones voluntarias del embarazo han de realizarse siempre en condiciones de seguridad, salubridad y sobre todo de dignidad, dentro del sistema de salud pública y absolutamente sin ningún tipo de discriminación", ha subrayado.
