MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de técnicos superiores sanitarios, que representa a siete asociaciones, colegios y sindicatos, ha pedido al Gobierno su inclusión como grupo B en el proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración General de Estado (AGE), a la vez que ha criticado que el retraso acumulado por la "pasividad" del Ejecutivo ha provocado desde el año 2011 una pérdida acumulada a cada uno de los afectados de 25.000 euros.
De este modo, piden al Gobierno una aplicación "no restrictiva" del grupo B y un esfuerzo de modernización de la clasificación "como han hecho con el personal laboral".
Los colectivos más representativos de los técnicos superiores sanitarios han presentado a los grupos parlamentarios sus propuestas de enmiendas para su toma en consideración e incorporación al debate en comisión parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Función Pública.
Según explica el colectivo, el Gobierno incorporó el grupo B, de nueva planta, en el Estatuto Básico del Empleo Público del año 2007 aunque su aplicación efectiva se vio condicionada por "una disposición transitoria que terminó por convertirse en crónica". La condición de adaptación de las titulaciones españolas al Espacio Europeo de Educación Superior terminó en el año 2011 y, a pesar de la remodelación del EBEB en el 2015, siguió sin crearlo. Algunas Comunidades Autónomas sí lo hicieron", destacan.
En este sentido, resaltan que en este año 2024 se reinicia la tramitación el Anteproyecto de Ley necesario para que pueda aplicarse, "pues se trata de un cuerpo de nueva creación, pero nada hace pensar que en este 2024 consiga cerrarse la aprobación y su entrada en vigor".
"Nuevamente otro retraso, para en el mejor de los casos, el año 2025 y, todo ello, en el caso de que el Gobierno sea capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado", apuntan.
Por todo ello, los técnicos superiores le piden a los grupos parlamentarios que, después de tantos años acumulados de retraso, se comprometan a "enmendar la Ley posibilitando así que los efectos económicos para los afectados se ajusten al compromiso del Ejecutivo en el acuerdo marco firmado con CCOO y UGT y no sean cómplices de más demoras".
