MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha defendido este martes la necesidad de llevar a cabo un cambio de paradigma en la sociedad española para que la reducción de daños en drogas se valore como una respuesta eficaz de salud pública que "mejora el bienestar y la propia salud de la población, lejos de fomentar el consumo".
Así lo han manifestado desde la entidad, en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra cada 26 de junio, con el objetivo de reforzar la acción y la cooperación por una sociedad libre de drogas.
En este sentido, han puesto en valor el reciente cambio de enfoque adoptado por la Comisión de Estupefacientes (CND) de la ONU frente al abordaje del consumo de sustancias y las adicciones, que reconoce por primera vez el papel de la reducción de daños dentro de las respuestas públicas efectivas. Esto comprende programas como el intercambio de jeringuillas, las terapias de mantenimiento con sustancias antagonistas como la metadona o el tratamiento de sobredosis con naloxona.
"Solo mediante un enfoque basado en la evidencia científica, podemos crear un futuro donde toda la ciudadanía tenga la oportunidad de vivir una vida plena y saludable. Es hora de poner fin a la guerra contra las drogas y comenzar a construir un sistema que priorice el bienestar, la justicia y la humanidad" dicta un manifiesto publicado con motivo del Día Internacional.
Entre las principales demandas, que recoge este documento, está ampliar y adecuar los servicios de consumo supervisado (SCS). Desde UNAD solicitan la expansión de estos para incluir el uso de la vía inhalada y su adaptación al aumento del uso de estimulantes. Además, reclaman que las SCS sean un recurso esencial, al menos en las grandes ciudades, con cobertura 24 horas.
Por otro lado, piden que se implementen programas de reducción de daños (RDD) específicos para el uso de alcohol, especialmente en poblaciones sin hogar, y que se trabaje en la formación y recursos adecuados para mejorar los enfoques de género y transcultural para así no excluir a población migrante, mujeres y géneros disidentes de los servicios.
Asimismo, el manifiesto recoge la necesidad de reconocer y promover la participación de las personas usuarias de drogas en la comunidad, es decir, integrarlas en espacios comunitarios, promoviendo su consideración como ciudadanas de pleno derecho. También demandan la colectivización de grupos de personas usuarias para que puedan representar sus necesidades y propuestas en mesas y espacios de participación.
Por último, abogan por implementar programas específicos de reducción de daños (RDD) para mujeres y personas de género disidente; espacios seguros y entornos de protección para mujeres con el objetivo de garantizar y desarrollar su autonomía y bienestar, ofreciendo atención específica donde se aborden las necesidades de las mujeres desde una perspectiva de género y el reconocimiento de los equipos profesionales de los servicios de adicciones, incluyendo los de reducción de daños, así como la equiparación de sus condiciones laborales a las de otros sectores, como salud mental.
