Los herederos reclaman 75.000 euros para los viudos y 10.000 euros para cada hijo
MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
La empresa Uralita y los familiares de tres mujeres víctimas de los efectos del Amianto, un mineral nocivo para la salud, se verán las caras en un juicio que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre tras no alcanzar este jueves un acuerdo económico en la audiencia previa celebrada en los juzgados de Primera Instancia de Madrid.
Las partes que forman parte de este procedimiento civil han acudido esta mañana a los juzgados para tratar de llegar a un acuerdo económico. Nada más llegar, el abogado de las víctimas, Fernando Morillo, ha destacado que un posible pacto era "inviable" por parte de los representantes de la empresa.
Morillo defiende a los herederos de tres mujeres que eran esposas de empleados de la fabrica de Uralita instalada en Getafe. Las víctimas inhalaron el polvo de los monos de sus maridos, impregnados por el amianto.
"Lavaron la ropa cuando esta impregnada. La empresa debió poner medidas para evitar esta situación como tener una lavandería. Cuando estaba obligado a ello, los trabajadores seguían llevando a sus casas los monos de trabajo", ha señalado el letrado.
En la audiencia, se ha fijado la fecha del juicio civil que se celebrará el 27 de noviembre y las pruebas a practicar. El juez ha admitido toda la prueba y las periciales de ambas partes.
En cuanto a las indemnizaciones, los familiares reclaman en aplicación del baremo de accidentes un total de 75.000 euros para los viudos y 10.000 euros por cada hijo.
"Buscamos que se señale de nuevo la culpabilidad de la empresa", ha señalado a Europa Press Juan Carlos Paúl, presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid y de la Federación de Asociaciones de Víctimas y Colectivos del Amianto de España.
SENTENCIA HISTÓRICA
La audiencia se ha celebrado después de que el Tribunal Supremo haya rechazado un recurso presentado por la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 27 de junio de 2013 por la que establecía una indemnización de un millón y medio de euros a 18 trabajadores y familiares de la fábrica de Getafe y uno de Valladolid afectados por el amianto.
Según la Asociación de Víctimas del Amianto, la sentencia del Tribunal Supremo "es de gran relevancia" puesto que abre el camino a las reivindicaciones de otros muchos trabajadores afectados y de sus familias contra las empresas que utilizaron este material durante la segunda mitad del siglo pasado "y que no adoptaron las necesarias medidas de seguridad para preservar la salud de sus empleados".
El próximo 10 de junio, se celebrará un juicio en el Juzgado número 1 de lo Social, situado en la Plaza de los Cubos, en el marco de una demanda interpuesta por 80 afectados, entre ellos víctimas directas y familiares, en la que reclaman más de 3 millones de euros.
