MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no consiguieron hoy ponerse de acuerdo para dictaminar el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, de forma que por primera vez en la historia una iniciativa legislativa del Gobierno no será informada por este órgano consultivo.
Así lo explicó hoy la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, en rueda de prensa posterior al pleno que con 10 votos a favor, 10 en contra, y la abstención del vocal de CiU, Ramon Camp, no consiguió aprobar el informe que refrendó la Comisión de Estudios del CGPJ y que apoyaba la iniciativa del Gobierno.
"El CGPJ ha desarrollado un trabajo técnico, ha procurado hacer un informe pero no se ha conseguido consensuar una posición", explicó Bravo, tras recordar que la reforma de la Ley del Aborto es una cuestión que "genera polémica y posiciones doctrinales encontradas".
De este modo, la institución tendrá que decir al Gobierno que no presentará su informe por falta de consenso y estará en manos del Ejecutivo decidir si encarga o no un nuevo texto preceptivo, ya que, según explicó Bravo, el pleno ha decidido no pedir otro dictamen al Comité de Estudios.
Conforme apuntó, ya que el Gobierno había concedido dos prórrogas temporales para la elaboración del dictamen "y en este tiempo no se ha podido consensuar" su contenido, el Consejo no pedirá de 'motu propio' un nuevo trabajo a la Comisión de Estudios y "si el Gobierno lo encarga, el pleno del CGPJ lo estudiará".
Fuentes del CGPJ señalaron que si bien a lo largo de la historia el Consejo se ha encontrado con plenos "más o menos polémicos" sobre las distintas leyes que le han sido sometidas a consulta, nunca antes se había dado una situación como ésta, en la que no haya un informe que enviar al Gobierno.
De hecho, según apostilló Bravo, "no está previsto en la ley que un informe no acordado pueda ser remitido" al Ejecutivo, por lo que la posibilidad de que el Consejo de Ministros reciba copia de los textos elaborados y no aprobados, queda inicialmente descartada.
La Ley Orgánica del Poder Judicial impone la necesidad de mayoría para aprobar cualquier informe en el seno del CGPJ, lo que significa que al menos once de los vocales del pleno tendrían que haber votado a favor. Al no haberse dado esta situación porque Camp se abstuvo, los progresistas no recaudaron los apoyos necesarios y el dictamen se dio por "decaído".
Asimismo, el presidente de la institución, Carlos Dívar, no tuvo que hacer valer su voto de calidad (vale por dos) al no darse una situación real de empate, ya que el número de vocales es 21 y todos se pronunciaron. Si en lugar de abstenerse, Camp no hubiera comparecido, este empate sí se habría producido y entonces Dívar habría tenido que ejercer el citado voto de calidad, conforme explicaron las mismas fuentes del CGPJ.
Además del informe decaído, elaborado por la vocal propuesta por el PNV, Margarita Uría, y refrendado con los votos progresistas en la Comisión de Estudios, el pleno se pronunció sobre un voto particular presentado por el conservador Claro José Fernández. Este texto planteaba una enmienda a la totalidad sobre el informe de Uría y fue rechazado con los votos de los nueve vocales progresistas y el vocal de CiU, mientras que los conservadores y Carlos Dívar votaron a favor, tal como explicó Bravo.
