SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, ha anunciado este jueves en sede parlamentaria la constitución de un grupo de trabajo técnico que valorará la incorporación de mejoras en los procesos de selección pública de medicamentos en Andalucía, la conocida subasta de medicamentos, grupo en el que ha dicho "estarán representados los profesionales y también los pacientes", toda vez que ha vuelto a afirmar que "siguen apostando por una subasta a nivel nacional como mejor solución".
Durante su intervención en la Comisión de Salud, Alonso ha defendido el modo de atención farmacéutica de la sanidad pública para "garantizar la equidad y la accesibilidad a esta prestación y contribuir a los resultados en salud de la población", y ha señalado que en 2016 se prescribieron 167 millones de recetas a los ciudadanos andaluces, que han supuesto un gasto para el SAS de 1.789 millones de euros.
En cuanto al consumo hospitalario, ha dicho que se han prescrito 116,9 millones de dosis unitarias de medicamentos, con un gasto para el SAS de 841 millones de euros. Así, en total, el gasto farmacéutico en 2016 fue de 2.630 millones de euros, de los que el 68 por ciento corresponde a las prescripciones a través de recetas y el 32 por ciento al consumo de adquisición hospitalaria, un 31,44 por ciento del presupuesto total del SAS.
Además, sobre las acusaciones de desabastecimiento como consecuencia de las subastas, el consejero ha dicho que "los problemas puntuales de desabastecimiento son los mismos que pueden aparecer en el resto de medicamentos y solo en contadas ocasiones aparecen los seleccionados", porque "una de las condiciones a las empresas en los pliegos de condiciones es garantizar que no se produzcan desabastecimientos".
En este sentido, añade que "es la Agencia Española del Medicamento quien publica los fármacos en desabastecimiento, y que en febrero de 2017 de una lista de 216 fármacos que estaban en desabastecimiento solo uno pertenecía a la subasta". Además, asegura que "el modelo que preferiría es un modelo nacional" y subraya que la selección pública "es una garantía de calidad", incluido en países como Alemania.
Del mismo modo, y sobre las afirmaciones que aseguran que la subasta también provoca una mayor falta de adherencia al tratamiento, Alonso manifiesta que ésta "tiene mucho que ver con el copago y eso no tiene nada que ver con la subasta", con la que "se produce un menor gasto, y todo lo que deja de gastarse en farmacia se gasta en el conjunto del sistema", algo que "es visible en el presupuesto de la Junta". Por último, afirma que "cuando hablamos de uso racional del medicamento, las comunidades autónomas tienen que participar más en el establecimiento de los precios de los medicamentos".
PODEMOS PIDE "URGENCIA" EN LA CONSTITUCIÓN DE ESE GRUPO
Por su parte, el diputado de Podemos Juan Antonio Gil ha expresado el reconocimiento de su grupo a la subasta de medicamentos y pide "urgencia" en la constitución de es grupo de trabajo, que "debe contar con todos los actores implicados y en la que se lleve a cabo un plan de evaluación" de la subasta, toda vez que ha señalado que entre los nuevos criterios está que "ha de dar peso a la capacidad de distribución y arraigo en la zona en la que se suministran los medicamentos, que garantice el abastecimiento y, ante un gravoso incumplimiento, establezca sanciones para el laboratorio incumplidor".
Además, ha propuesto a Alonso "la presentación de una ley en el Congreso de los Diputados por el artículo 87.2 de la Constitución para que la subasta se aplique a nivel nacional", un extremo al que el consejero ha contestado que "no ha caído en saco roto".
Por su parte, la popular Catalina García ha pedido un grupo de trabajo "donde todos los agentes puedan hablar y donde estén, sobre todo, las asociaciones de pacientes", porque "no hay problema de desabastecimiento, pero sí hay un problema de abastecimiento por parte de los laboratorios adjudicatarios". En este sentido, asegura que esta misma mañana "158 presentaciones no estaban en las farmacias" y pide saber "cuánto dinero ingresan mensualmente por parte de esos laboratorios que no suministran adecuadamente a las farmacias".
Además, exige que "se amplíen los controles" e insta a Aquilino Alonso a proponerlo en el próximo Consejo Interterritorial, "también nosotros lo vamos a proponer a nuestro Gobierno", manifiesta, a lo que el consejero responde que "ojalá tenga la oportunidad de decir algo en el Consejo, que hace casi un año que no se convoca", toda vez que afirma que espera tener la oportunidad de hablar con la ministra de Salud, Dolors Montserrat, porque "ha resultado imposible".
Inmaculada Nieto de IU ha asegurado que la subasta "siempre les ha parecido una buena opción para conseguir una medicación adecuada a unos precios que permitan limitar el margen de beneficio de la multinacionales, usando el dinero para mejorar el sspa" y asegura que "es un sistema exportable". Recuerda, además, que es un proceso "avalado por el TC", y dice que las aportaciones de su grupo el futuro grupo de trabajo sobre la subasta "irán en la línea de ampliarla al resto del Estado".
Isabel Albás de Cs ha destacado el Defensor del Pueblo dice que este sistema de compra "es legal pero cuestionable", al tiempo que afirma que reciben "positivamente este grupo de trabajo", pero quieren saber si estarán presentes los profesionales, las asociaciones de pacientes, y la industria farmacéutica, porque "debemos también analizar que de lo que se trata es la equidad a la hora de acceder a los medicamentos y la calidad de los mismos". Además, pregunta que si la subasta "es un sistema tan bueno, dónde está el ahorro de los 700 millones de euros, porque hoy el sspa está pasando por una situación complicada".
Desde el PSOE, Francisco José Vargas subraya que el TC afirma que la subasta "no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y que el SAS realiza la compra dentro del marco legalmente establecido", al tiempo que muestra su acuerdo sobre este grupo de trabajo "para mejorar lo que se pueda mejorar", pero, añade, "lo que dudamos es que para algunos integrantes su objetivo sea mejorar lo que hay que mejorar", porque "llevamos un via crucis en contra de este proceso, donde el Estado no ha escatimado esfuerzos para cargarse esta medida".
