MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, exige al Ministerio de Sanidad que presione al Gobierno para el endurecimiento de las penas a los agresores de las enfermeras, con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios.
Según los últimos datos del Observatorio de Agresiones del CGE, en 2023 se denunciaron un total de 2.840 agresiones a enfermeras en España, un 10 por ciento más que el año anterior. Por ello, desde el CGE se pide un incremento en las penas a las que han de enfrentarse quienes agreden a una enfermera.
Como explica Florentino Pérez Raya, presidente del CGE, "las enfermeras y enfermeros de España se enfrentan cada día a hacer su labor con una presión asistencial brutal debido al déficit crónico de profesionales que arrastra nuestro país. De hecho, hacen falta más cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos. Soportan estrés, condiciones laborales infames, el menosprecio de la Administración. Todo ello por su vocación del cuidado de los pacientes".
"Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo, sufrir lesiones o amenazas ni vejaciones cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas", ha añadido.
Por otro lado, el secretario general del CGE y director del Observatorio de Agresiones, Diego Ayuso, "las agresiones a profesionales sanitarios no dejan de aumentar y, en parte, se debe a que al agresor le sale muy barato cometer una agresión. Si bien es cierto que desde hace años se tipifican como delito de atentado a la autoridad, las penas son tan bajas que apenas tienen repercusión. De hecho, según los datos de Policía Nacional, el 20% de los agresores reincide, pese a la condena".
Así ha recordado datos de algunas sentencias de los tribunales españoles que han condenado a los agresores a cuatro meses de prisión, a seis meses, o a un año, con multas de 400 euros o de 600 euros.
Desde el CGE también se pide proteger a los profesionales que ejercen su función en la sanidad privada, pues al no ser funcionarios no tienen la consideración de autoridad, por lo que las penas en caso de sufrir una agresión son incluso menores.
Precisamente, para prevenir situaciones violentas en la práctica asistencial diaria y para afrontar la agresión en caso de que se produzca, el CGE cuenta desde 2023 con un plan integral de prevención, realizado en colaboración con Policía Nacional. Este plan integral incluye un curso formativo gratuito, impartido por el Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS), de 20 horas de duración, en colaboración con el equipo de interlocutor policial sanitario.
En este curso, en el que han participado ya más de 5.000 enfermeras, se trabajan aspectos como la normalización de la violencia verbal, la importancia de la denuncia como forma eficaz de prevenir la violencia y técnicas concretas en el ámbito de la comunicación verbal y no verbal, además de tratar la detección precoz de la conducta agresiva.
