MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión para las políticas integrales de la Discapacidad en el Congreso han pedido al Gobierno la unificación de criterios a la hora de conceder la discapacidad a los niños con enfermedades graves ya que, según ha denunciado el PSOE, existen diferencias "alarmantes" dependiendo de la comunidad autónoma.
La iniciativa inicial de los socialistas se centraba en los menores convalecientes de cáncer que, según la diputada Tamara Raya, sufren discriminación según el lugar de España en el que residan por la falta de criterio y tiempo con la que se realizan las valoraciones a los pacientes.
Así, ha denunciado que existen autonomías en las que el niño debe esperar hasta 6 meses después del tratamiento recibido para obtener la valoración de la administración y se ha referido de forma concreta a la Región de Murcia para criticar que se estén cobrando 20 euros a los enfermos por el reconocimiento para valorar la posible discapacidad.
"Esto es consecuencia de la consecuencia de una falta de homogeneización que deja en clara desigualdad a familias y niños en extrema vulnerabilidad, por lo que instamos al Gobierno a llevar a cabo las medidas correctoras necesarias para que exista un trato igualitario independientemente de la autonomía en la que vivan", ha señalado Raya.
La portavoz socialista ha aceptado una enmienda de Ciudadanos por la que se ha añadido a esta petición a lo menores que sufren enfermedades raras que les deje "temporalmente en estado de discapacidad", ya que, según ha denunciado la formación naranja, esta situación que denuncia el PSOE también la viven otros niños con dolencias que no son sólo cáncer.
PODEMOS DENUNCIA LA SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS
Desde Podemos también han valorado positivamente esta iniciativa y ha denunciado las necesidades económicas que pasan muchas familias durante la enfermedad de los niños debido, no sólo a gastos en medicamentos, sino a las estancias fuera de casa o, incluso tras la imposibilidad de que puedan llevar una jornada laboral normal durante meses o años.
"Hay empresas que no dan continuidad a los trabajadores en esta situación que tienen que darse de baja médica por depresión, pedir largas excedencias o agotar todas sus vacaciones, entre otras alternativas, para no ver agravada su situación económica", ha denunciado la diputada de la formación morada Teresa Arévalo.
Podemos ha logrado también añadir una enmienda al texto inicial por la que se pide al Gobierno que no se exija la valoración presencial de los enfermos inmunodeprimidos, y que se pueda llevar a cabo a través de progenitores, informes de asistentes sociales o, incluso, a través de las asociaciones de enfermos, que también tienen en su plantillas especialistas en esta materia. Según ha explicado Arévalo, se evitaría así que estos enfermos, que no pueden coger un autobús, tengan que desplazarse a los centros.
