MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los Centros Penitenciarios están obligados a disponer de un servicio de farmacia y, en este caso, un facultativo especialista al frente, o, al menos, un depósito de medicamentos legalmente autorizado, si embargo alrededor de 40 centros penitenciarios no tienen legalizado ni servicio de farmacia ni un deposito de medicamentos, según denuncia la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
Desde la SEFH se apuesta por el modelo aprobado en el País Vasco, en el que se ha realizado la trasferencia completa de competencias en materia de sanidad penitenciaria, el cual integra dicho ámbito en la sanidad autonómica, de forma que se facilita la continuidad asistencial de los internos.
Para ello, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), donde se ha estableció una hoja de ruta en la que desde las entidades implicadas se van a poner en marcha múltiples acciones en diversos frentes, tanto políticos como jurídicos.
Entre los primeros cabe destacar la incorporación de las demandas a la Comisión de Sanidad del Congreso, a través de los diferentes Grupos Parlamentarios, reclamando un modelo de organización en el que se cumpla la legalidad vigente.
En opinión del doctor Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH, con esta nueva iniciativa "queremos apoyar la carrera profesional, algo en lo que coincidimos tanto con la OMC como con la SESP, un objetivo en el que ellos ya vienen trabajando desde hace tiempo. Además queremos señalar a los Centros Penitenciarios que no tengan servicio de farmacia legalizados, al igual que a los laboratorios y almacenes mayoristas que les suministren".
Desde la SEFH se reclama que es necesaria la instauración de servicios de farmacia legalmente dirigidos por Farmacéuticos Especialistas en Farmacia Hospitalaria, o DM en todos los Centros Penitenciarios. Esta petición se basa en que la prestación farmacéutica ofrecida en dichos Centros incluye especialidades de Uso Hospitalario (UH) (especialmente antivirales para tratamientos de hepatitis C y VIH), medicamentos sujetos a Especial Control Médico (ECM), medicamentos de Diagnóstico Hospitalario (DH), antipsicóticos, psicótropos y estupefacientes.
Las irregularidades en la prestación farmacéutica en los Centros Penitenciarios es algo que se viene arrastrando desde siempre y que ha sido desoído por la Administración Penitenciaria. Es otra consecuencia del incumplimiento de los dictámenes legislativos de la Ley General de Sanidad de 1986 y de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2003 que establecen que la Sanidad Penitenciaria debe estar integrada en el SNS.
"Dicha integración supondría la aplicación de las normativas comunitarias en materia de Farmacia a los Centros Penitenciarios como un dispositivo más de salud y acabaría con las graves irregularidades que se dan en la actualidad", señala la doctora Carmen Hoyos, coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la OMC,
