MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El primer informe de seguimiento del Convenio sobre la Falsificación de Productos Médicos y Delitos Similares que Supongan una Amenaza para la Salud Pública (Convenio MEDICRIME), que ha analizado las disposiciones de trece de los 23 Estados parte del mismo, ha mostrado que la capacitación es "fundamental" para combatir las falsificaciones y proteger la salud pública.
Las interrupciones en la capacitación durante la pandemia ha llegado a afectar a la capacidad de detectar y prevenir la falsificación de estos productos, a pesar de que las autoridades reguladoras supervisasen la calidad, la seguridad y su eficacia.
Este desafío se llegó a ver exacerbado por el hecho de que las partes no llegaron a reconocer que la adquisición pública y privada de productos médicos no destinados al comercio ni a la venta al público constituía un "eslabón débil" en la protección de la salud pública, especialmente durante la pandemia de Covid-19.
A pesar de que los países analizados (Armenia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, Francia, Hungría, Marruecos, Portugal, Rusia, España, Suiza y Turquía) han desarrollado legislación y medidas en diversas áreas críticas, la ausencia de mecanismos de revisión "pone en entredicho" la eficacia de las mismas.
Sin embargo, el documento reconoce que los países se han esforzado en áreas específicas para implementar el Convenio MEDICRIME durante la pandemia, sobre todo para aumentar la concienciación pública sobre los productos médicos falsificados relacionados con el Covid-19 y los riesgos asociados con su adquisición.
A pesar de que existen sistemas de cooperación entre los Estados, a menudo no se evalúa su eficacia, y la ausencia de puntos de contacto designados sigue siendo una "debilidad importante"; todos los países analizados garantizan una protección "adecuada" a las víctimas de este tipo de falsificaciones, y las investigaciones se llevan a cabo de forma sistemática e independiente de las denuncias.
Si bien las definiciones y los delitos establecidos en la Convención se han incorporado ampliamente a las legislaciones nacionales, los sistemas de detección siguen siendo "insuficientes".
Respecto a las sanciones impuestas por algunas partes, como la revocación de la licencia profesionales, el organismo ha señalado que se necesita una mayor armonización para garantizar políticas coherentes. Además, ha criticado que la recopilación de datos siga siendo una prioridad baja, lo que limita la evaluación del impacto de los productos médicos falsificados.
Por todo ello, el Comité MEDICRIME ha instado a garantizar que se establezcan políticas, estrategias y medidas para la capacitación de quienes participan en programas públicos y privados de adquisición de productos médicos.
El organismo también ha pedido el desarrollo de planes de contingencia, estrategias y otras medidas para impartir capacitación en áreas críticas de adquisición y distribución de productos médicos, con el fin de prevenir las falsificaciones, que debe ir acompañado de campañas de concienciación dirigidas a la adquisición de este tipo de productos.
Otra de las recomendaciones es la de presentar informes sobre las medidas, políticas y estrategias adoptadas para promover campañas de sensibilización dirigidas al público en general, informando sobre productos médicos falsificados.
Para un mejor intercambio de información, se pide implementar una estrategia o plan de acción nacional para cooperar en investigaciones sobre este tipo de productos. El texto también ofrece recomendaciones para mejorar la protección de la salud pública y subraya la importancia de la cooperación entre todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil.
