MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un nuevo estudio mundial dirigido por el doctor Kai Ruggeri, de la Escuela de Salud Pública Mailman de Columbia (Estados Unidos), en el que participaron más de 80 colaboradores de más de 30 países, subraya el papel crucial de las ciencias del comportamiento en la formulación de decisiones políticas, al tiempo que afirma la necesidad de normas claras sobre qué pruebas se utilizan en las decisiones políticas, según publican en la revista 'Nature'.
En abril de 2020, un grupo de investigadores publicó un influyente documento con 19 recomendaciones políticas en torno a la COVID-19 basadas en los conocimientos de las ciencias del comportamiento. El documento fue fruto de una amplia colaboración de más de 40 expertos, dirigidos por Jay Van Bavel, de la Universidad de Nueva York, y Robb Willer, de Stanford, y fue citado miles de veces por gobiernos, investigadores y personalidades públicas.
Sus recomendaciones abarcaban temas como los mensajes oficiales sobre el distanciamiento social, cómo conseguir una vacuna una vez que estuvieran disponibles y la necesidad de trabajar dentro de las comunidades para crear un impacto real. Ahora, el nuevo estudio evalúa las pruebas que, desde la publicación del primer documento, respaldan sus afirmaciones y su aplicabilidad para la formulación de políticas.
"Gobiernos de todo el mundo formularon estrategias de política pandémica basándose explícitamente en los conceptos conductuales destacados en el artículo de Jay J. Van Bavel y sus colegas de 2020 --afirma Ruggeri, profesor de política y gestión sanitarias en la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia--. Dada la preocupación por la falta de confianza del público en la ciencia, especialmente en el contexto de COVID-19, creímos que era importante evaluar las pruebas para las recomendaciones de política pública, de una manera que promueva la transparencia y genere confianza".
Dos equipos independientes de 72 expertos --incluidos los autores del documento de 2020, así como un equipo independiente de evaluadores-- revisaron 747 artículos de investigación relacionados con la pandemia para evaluar hasta qué punto las afirmaciones del documento original proporcionaban una orientación política válida. Consideraron de máximo nivel los estudios realizados (y replicados) en el mundo real en grandes poblaciones de múltiples entornos, y señalaron los argumentos que no estaban respaldados por pruebas empíricas.
Alex Haslam, profesor de psicología de la Universidad de Queensland (Australia) y coautor del estudio, recuerda que "en los últimos años se ha debatido mucho sobre las limitaciones de la ciencia psicológica y conductual, especialmente ante la llamada 'crisis de la replicación'".
El estudio encuentra pruebas de 18 de las 19 afirmaciones del documento 2020, incluidas las relacionadas con el sentido de identidad y la conexión con la comunidad, el liderazgo y la confianza, los mensajes de salud pública, la cohesión social y la desinformación. De las 18, el documento 2020 identificó correctamente 16 conceptos conductuales relevantes durante la pandemia, así como probables barreras para mitigar la propagación de la enfermedad y retos sociales a los que se enfrentarían los responsables políticos.
Los investigadores no encontraron ningún efecto para dos políticas propuestas relacionadas con la eficacia de los mensajes públicos (que los mensajes deberían hacer hincapié en los beneficios para el receptor y que deberían centrarse en proteger a los demás). En particular, el equipo no encontró pruebas para revisar una recomendación muy destacada del documento de 2020, que sugería que la expresión "distanciamiento físico" es preferible a "distanciamiento social".
Las afirmaciones más respaldadas fueron la importancia de las intervenciones para combatir la desinformación y la polarización, que resultaron vitales para garantizar el cumplimiento de las directrices de salud pública. La investigación también subrayó que, para ser eficaces, los mensajes deben emanar de líderes de confianza y hacer hincapié en normas sociales positivas.
Las intervenciones de salud pública que recibieron más atención no fueron necesariamente las que estaban mejor respaldadas por más pruebas. Por ejemplo, el lavado de manos se promovió ampliamente como estrategia para detener la propagación del COVID, aunque los efectos de los estudios fueron de pequeños a nulos, especialmente en comparación con el enmascaramiento, el aislamiento, el distanciamiento y las vacunas.
En cuanto a las mascarillas, las primeras directrices de algunos países sugerían que esta práctica no reduciría al mínimo el COVID-19, pero las pruebas posteriores señalaron la eficacia del enmascaramiento. Del mismo modo, la investigación también socavó las orientaciones sobre las repercusiones del cierre de escuelas y la desinfección de superficies.
"Aunque existen presiones comprensibles para publicar directrices rápidamente durante una crisis, tomar decisiones políticas sin pruebas adecuadas puede resultar costoso en muchos sentidos --advierte la coautora del estudio, la doctora Katherine Baicker, rectora de la Universidad de Chicago--. A medida que van apareciendo nuevas pruebas científicas, algunas personas pueden considerar la evolución de las orientaciones políticas como un signo de incompetencia -o incluso de conspiración- que socava la confianza en los expertos. Los responsables políticos deben equilibrar la necesidad de conveniencia con la necesidad de pruebas sólidas y credibilidad".
El nuevo estudio también identifica varios ámbitos ausentes del documento de 2020. Entre ellos figuran la percepción de la amenaza y el riesgo, el papel de la desigualdad y el racismo, el escepticismo hacia la ciencia, la incentivación de comportamientos más allá de la simple descripción de los beneficios (por ejemplo, ofreciendo recompensas económicas por la vacunación) y la ausencia de un liderazgo claro.
Por último, el equipo de investigación ofrece recomendaciones para ayudar a investigadores y responsables políticos a responder a futuras pandemias y catástrofes. Entre ellas, la necesidad de estudiar poblaciones mundiales, realizar más pruebas sobre el terreno y ser más específicos a la hora de formular preguntas comprobables.
"No se puede exagerar el valor de probar sobre el terreno lo que realmente funciona para cambiar los comportamientos sanitarios, y las conclusiones más sólidas que hemos podido extraer en este artículo fueron a menudo gracias a las asociaciones que los investigadores forjaron con gobiernos locales y proveedores de atención sanitaria para evaluar cuidadosamente lo que realmente aporta valor en medio de una crisis", afirma la coautora del estudio Katy Milkman, doctora y profesora de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Los investigadores también animan a los científicos a forjar más alianzas con los responsables políticos y los responsables de la toma de decisiones, ya sea en la administración local, los hospitales, las escuelas, los medios de comunicación y otros ámbitos.
"Este trabajo tiene el potencial de aumentar la transparencia y generar confianza en la ciencia y la salud pública, y de informar directamente el desarrollo de herramientas y conocimientos para la próxima pandemia u otra crisis. Los investigadores pueden ser una fuente viable de asesoramiento político en el contexto de una crisis, y nuestras recomendaciones apuntan a formas de mejorar aún más este papel de las ciencias sociales y del comportamiento", señala el coautor principal del estudio, Robb Willer, profesor de sociología de la Universidad de Stanford.
