MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Permitir la comercialización del tabaco es un atentado contra los derechos humanos de la población, tal y como han advertido a las autoridades expertos reunidos en la Conferencia Internacional sobre el Control del Tabaco, organizada por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) y la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP, por sus siglas en inglés).
El tabaco provoca cada año la muerte a siete millones de personas en todo el mundo, de las cuales 700.000 ocurren en Europa y 52.000 en España. Una tasa de mortalidad que se sitúa por encima de las muertes por tráfico y que, además, origina un elevado gasto a los sistemas sanitarios ya que, aunque la persona fumadora no fallezca, las comorbilidades y enfermedades asociadas al consumo de tabaco suponen un "importante" coste en la asistencia sanitaria.
Sin embargo, a juicio de los especialistas, los países no están realizando suficientes esfuerzos para prevenir el consumo de tabaco ni para ayudar a la población a dejar de fumar. "No tiene sentido que permitamos la venta de tabaco y no se estén financiando los tratamientos para dejar de fumar y se dejen solo a los fumadores que quieren dejarlo y que tienen que asumir el elevado coste de estas terapias", ha señalado el director ejecutivo de Action on Smoking and Health, Laurent Hubert.
Un hecho que, posiblemente, esté frenando las acciones para la lucha contra el tabaco es el poder que ejerce la industria tabacalera y que, incluso en España, tal y como ha argumentado el presidente de la ENSP y de la Conferencia Internacional, Francisco Rodríguez Lozano, está financiando becas en universidades públicas o sistemas informáticos para luchar contra el contrabando de la guardia civil.
"Esto es algo inaceptable y la sociedad debe decir 'basta ya'. Además es algo ilegal y, por ello, debemos exigir entre todos al Gobierno que cumpla con los convenios internacionales suscritos contra el tabaco. De hecho, en España se ha vulnerado claramente el convenio marco de la OMS para el control del tabaco", ha alertado Rodríguez Lozano.
Además, Hubert ha insistido en que el comportamiento que está teniendo la industria tabacalera, y que están permitiendo los países, supone una violación al derecho a la vida, a la salud, a las mujeres (porque ya en 28 países fuman más que los hombres) y a la información. "El PSOE debería tomar ya acciones para proteger la salud de la población y no a una industria que está matando a sus ciudadanos", ha apostillado Hubert.
Precisamente por todo ello, al final de la conferencia internacional, que se celebra en Madrid y durará hasta el sábado, se espera consensuar un documento en el que se avise sobre la violación contra los derechos humanos que por esta causa se está produciendo en todos los países, para remitirlo a las autoridades de los diferentes países europeos.
EN ESPAÑA DESDE EL 2010 "NO SE HA HECHO NADA" CONTRA EL TABACO
Por otra parte, el presidente de la ENSP ha avisado de que desde el año 2010, cuando se aprobó la última ley antitabaco, "no se ha hecho fundamentalmente nada" contra el tabaco y ha ironizado en que hacerlo ahora "peor" es "tremendamente difícil".
En este sentido, la presidenta del CNPT, Regina Dalmau, ha lamentado que España se haya quedado "con los brazos cruzados" y que, incluso, ya ocupa el noveno lugar en porcentaje de fumadores respecto a los países europeos del entorno.
"Necesitamos que los políticos escuchen nuestro mensaje. Las leyes hay que adaptarlas a los cambios de la sociedad y se deberían extender los espacios libres sin humo, aumentar el precio del tabaco, las campañas informativas, implantar definitivamente el paquete neutro, hacer cumplir las leyes y avisar de los peligros que suponen los cigarrillos electrónicos", ha apostillado Dalmau.
Además, la presidenta del CNPT ha destacado la necesidad de que se apruebe una estrategia nacional de deshabituación del tabaco y no programas por comunidades autónomas. Actualmente en España sólo Canarias, País Vasco, Ceuta y Navarra financian los tratamientos para dejar de fumar y la Comunidad Valenciana previsiblemente lo hará en breves.
