MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado que el tiempo medio entre que se detecta un sospechoso de COVID-19 y se realiza la prueba diagnóstica es "máximo" de dos días, y que incluso algunas comunidades autónomas completan este proceso en apenas 24 horas.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha sido preguntado acerca del número de rastreadores de contactos de COVID-19 con los que cuenta España para hacer frente ante posibles rebrotes. Illa no ha aportado la cifra exacta, pero ha incidido en que "poner en marcha un sistema de detección precoz ha sido un punto clave de la desescalada".
En este sentido, ha apuntado que se está realizando el diagnóstico por PCR a más del 80 por ciento de los casos sospechosos en estos momentos, con un grado de positividad "muy bajo", tal y como ha recordado en alguna ocasión el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
"Se hace mucho hincapié en todos los mecanismos de detección precoz. La covid será enfermedad de declaración obligatoria urgente. Se estipulan medidas para responder a un rebrote", ha explicado en referencia al Decreto de 'nueva normalidad' aprobado este martes en el Consejo de Ministros, que establece, entre otros aspectos, la obligatoriedad a las CCAA de facilitar a la autoridades sanitarias competentes todos los datos necesarios para el seguimiento y vigilancia epidemiológica del COVID-19.
Al mismo tiempo, el Decreto recoge que las comunidades autónomas tendrán que garantizar que, en todos los niveles de asistencia y especialmente en Atención Primaria, a todos los casos sospechosos de coronavirus se les realizará un test PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, así como toda la información derivada se transmita en tiempo y forma según se establezca por las unidades de salud pública.
Respecto a las medidas para garantizar las capacidades del sistema sanitario, el Decreto señala que las comunidades autónomas tendrán que garantizar un número suficiente de profesionales sanitarios involucrados en la prevención y control del COVID-19, su diagnóstico temprano, la atención de casos y la vigilancia epidemiológica.
Asimismo, los centros de Atención Primaria y los hospitales tendrán que contar con planes internos para hacer frente a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con COVID-19. Dichos planes deberán garantizar la capacidad para responder ante incrementos importantes y rápidos de la transmisión y el consiguiente aumento en el número de casos.
